Qué gran paradoja la que se presenta en este momento por la Ley de Emergencia Social de Salud, donde ningún sector de la sociedad quedo conforme  con los decretos expedidos por el Presidente Uribe, mucho menos los sectores afectados por la reforma.

 
Tanto la red hospitalaria pública como las entidades prestadoras de salud, especialmente las EPS, quedaron descontentos con las medidas adoptados por el gobierno nacional.

Las EPS quedaron descontentos, porque según ellos, faltaron ajustes en lo que tiene que ver con los pagos correspondientes que tiene que hacerle el Estado colombiano, a través del FOSYGA, por prestar dicho servicio, dado que en los decretos si quedo claro los mecanismos  y tiempos en que las EPS deben cancelar sus deudas con la red hospitalaria pública.

Mientras tanto la Red Hospitalaria Pública y los trabajadores denuncian que la Emergencia Social, es un avance frontal del gobierno nacional para terminar de implementar la LEY 100, lo cual es solamente, la privatización del sistema de salud colombiano.

Estudiando los decretos con lupa y quitándole el bombo de los  nuevos impuestos a los que fueron sometidos las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y los juegos de azar, es preocupante  los decretos expedidos por presidencia de la república en torno al sector salud.

En primer lugar, la emergencia va encaminada  o pretende la universalización del sistema de Salud en nuestro país,  situación  que no es criticable, lo que tiene que ser sometido a crítica es la forma como se pretende viabilizar la cobertura total, minimizando el plan obligatorio de Salud (POS) y sus funciones.

Esta reducción de  funciones llevaría a que muchos usuarios ubicados en  el régimen subsidiado tengan obligatoriamente que trasladarse al sistema contributivo, es decir, a pagar por la salud, con los argumentos de que el sistema subsidiado  está cubriendo costos que no son fundamentales en el servicio de la salud.

Minimizar el Plan Obligatorio de Salud y  hacer que este sea el mismo en el régimen contributivo y en el subsidiado, le resta importancia al proceso de afiliación de los colombianos y hace que la cobertura en servicios y medicamentos al que tienen  acceso sea limitado, por lo que deberán pagar por la salud.

Degradar el servicio de salud, minimizando las responsabilidades del Estado Colombiano en atención, promoción y prevención en salud,  haciendo que la población colombiana asuma  el costo  de su salud, no es la forma de  universalizar este derecho  fundamental de la población.

La ley 100 buscaba la universalización de la salud en el argumento de que en 20 años la población colombiana tendría mejores niveles de vida y mejor poder adquisitivo, lo que llevaría a que  el 75% de la población colombiana estaría afiliada al régimen contributivo y el 25% restante en el régimen subsidiado. Hoy esta apreciación es diferente, casi el 60% de la población colombiana está afiliada al régimen subsidiado, lo que hace inviable la Ley 100 y por tanto la ley de emergencia social.

Es hora de dejar atrás toda la falacia neoliberal, sobre la que está construida la salud y de paso la economía nacional hace ya 20 años, debido a que la practica existente nos han mostrado que es un total fracaso el modelo neoliberal y lo único que ha causado es atentar contra el bienestar social de los colombianos.

Ni la Ley 100 ni la Emergencia Social, es la salida  a los problemas de salud en Colombia, hay que cambiar el modelo sobre el cual está construido este sistema y se garantice de forma real el derecho a la salud para todos los colombianos.