

Gran parte de mi vida me he dedicado a estudiar los grupos armados en mi país y se dé la manera como los mismos han evolucionado en el tiempo de su condición de grupos insurgentes con proyectos revolucionarios socialistas y grandes simpatías sociales, al señalamiento de grupos terroristas y narcoterroristas enfrentados a guerras no solo militares contra los distintos gobiernos y sus políticas de seguridad y defensa, sino, adicionalmente, contra bien estructuradas campañas de difamación mediática que en no pocas ocasiones los mismos grupos alimentan con sus equivocadas formas de operan contra la población civil.

Lo más probables es que los conflictos laborales se mantengan al rojo vivo durante los próximos meses, a pesar del supuesto arreglo al que han llegado los sindicatos y patronos; no solo en Colombia sino en el mundo entero, pues las circunstancias geopolíticas y la posible recesión económica mundial así lo vaticinan.

Contra el proyecto de reforma a la Ley 30: Mantener la universidad abierta, deliberante y movilizada
En una nutrida y multitudinaria Asamblea Triestamentaria, en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, la comunidad universitaria, después de haber escuchado los informes y las decisiones tomadas en cada una de las Asambleas de Facultad, la opinión de los trabajadores y de los maestros afiliados a la Asociación de Profesores Universitarios – ASPU- , y de haber desarrollado amplios y argumentados debates al respecto de las implicaciones de la reforma en la vida futura de las universidades publicas y del ejercicio del derecho a la educación superior, la Asamblea tomo la decisión de impulsar y participar en el paro nacional universitario a desarrollarse a partir de este doce de Octubre.
Esta semana el vicepresidente Angelino Garzón criticó duramente a los asesores de Planeación Nacional que establecieron que la frontera entre pobres y no pobres era un ingreso de $187.079 al mes por persona, cifra resultante del análisis de la composición de alimentos que consume la familia y lo que gasta en vivienda, vestuario, transporte, entre otros.

Aunque los fallos judiciales, son de forzoso cumplimiento y esa es una de las características de las reglas de seguridad jurídica del Estado Social de Derecho, no deja de sorprender como la Honorable Corte Constitucional, se aparta de su línea jurisprudencial sobre la obligatoriedad de utilizar las listas de elegibles, como en el caso del concurso de méritos que se adelantó en la Fiscalía General de la Nación desde el año 2007.